PARTICIPACIÓN DEL C. CARLOS DE JESÚS ALEJANDRO EN LA 15ª
SESIÓN DEL FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS
Tema 5. Pueblos indígenas: conflicto, paz y resolución
Antes que nada quiero manifestar nuestro reconocimiento, respeto y beneplácito de que un hermano maya, que lucha por la liberación de los pueblos latinoamericanos, ocupe la presidencia de esta importante instancia de las Naciones Unidas.
Los indígenas y nuestros pueblos, nos encontramos
actualmente en una situación crítica. El modelo económico vigente está basado
en la depredación, el despojo forzado de nuestros recursos naturales y en la
destrucción de los territorios ancestrales que nos dieron en resguardo por
nuestros abuelos y padres para que entregásemos a su vez a nuestros hijos.
La imposición de megaproyectos, así como el extractivismo o
el neoextractivismo bajo la lógica del racismo medioambiental, ha desatado un
“boom” de conflictos sociales por la resistencia presentada por nuestros
pueblos. Ante tal oposición, los Estados han respondido en diversos casos con el uso faccioso de la ley penal, lo
cual es fácil de constatar al ver como las organizaciones indígenas e
instancias internacionales como del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se
han pronunciado reiteradamente en contra de las detenciones ilegales, la
tortura, la desaparición forzada y en diversos casos, contra las ejecuciones
sumarias y extrajudiciales de dirigentes indígenas, tal y como ocurrió con
nuestra hermana Bertha Cáceres.
Hoy en día, México se ha convertido en un país sumamente
peligroso para los periodistas, defensores de derechos humanos o activistas
ambientales e indígenas. Genocidios como Acteal en Chiapas, El Charco, Aguas Blancas
y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa en Guerrero, hoy aún impunes, así lo constatan. A la impunidad que caracteriza los crímenes
políticos en México, debemos agregar que otros fenómenos forman parte de una
estrategia que diversas organizaciones denunciaron en la pasada sesión especial
de abril en la ONU: que la llamada “guerra contra las drogas” no es otra cosa
que una “guerra contra los pueblos”, ya que el saldo de 10 años de “guerra contra
el narco” arroja cifras oficial de cerca de 170,000 víctimas mortales y más de
27,000 personas desaparecidas.
Por otra parte, les comparto que tomando como referencia un
ejercicio realizado previamente en Guatemala por el Organismo Naleb sobre el
grado de implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (la Declaración), es que decidimos realizar
un encuentro nacional en el Congreso Mexicano con diversas organizaciones y las
instituciones de la administración publica de México. Fue un foro donde
analizamos el grado de implementación y armonización de la Declaración en
México, concluyendo que aún falta incorporar los estándares internacionales en
nuestra legislación nacional y que no existen
políticas públicas ad hoc a nuestra identidad, diversidad y cultura de
los pueblos indígenas en México. Por el contrario, cada día que pasa se recrudece, se
vulneran y se violan nuestros derechos humanos indígenas por parte del Estado
mexicano.
Como ex parlamentario indígena quiero externar mi
preocupación porque la armonización legislativa es una asignatura pendiente en
mi país, a pesar del compromiso que hiciera el jefe del Estado Mexicano en la
pasada Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas celebrada en esta misma sede de
la ONU. El presente gobierno federal anunció al inicio de su mandato, a través
de la Comisión para el Dialogo con los Pueblos Indígenas de México “una reforma
de gran calado” en materia indígena; dicha dependencia está adscrita
estratégicamente a la Secretaría de Gobernación (ministerio del interior). Sin
embargo, a pesar de la importancia vital para la estabilidad y para la
previsión de los conflictos indígenas, no se ha podido concretar dicha
armonización, medida que en su momento también fue recomendada por el anterior
relator, el Dr. Rodolfo Stavenhagen en su visita oficial que hiciera al país en
el año 2003.
Por lo anterior, hacemos las siguientes RECOMENDACIONES:
La escalada de conflictos sociales indígenas se encuentra en
un nivel alarmante y seguirá en aumento en México mientras no se cambie el
actual modelo de desarrollo y no se garantice el derecho a la consulta y al
consentimiento libre, previo e informado. Ante tal situación, reiteramos
nuestra petición ya presentada en diversos foros, sobre la urgencia y la
necesidad de que la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas realicé una visita oficial para conocer e informar de la situación
que guardan los derechos humanos de los indígenas mexicanos, y realice las
recomendaciones pertinentes. Me permito anexar al presente la invitación que le
presentamos diversos representantes indígenas, así como el exhorto que
hiciéramos desde el Poder Legislativo Federal a la cancillería mexicana
solicitándole concretar dicha visita oficial.
Por lo anterior expuesto y en el contexto de la crisis de
derechos humanos que se vive en México, en la cual los pueblos originarios son
los más vulnerados y los más violentados, considero vital que este Foro Permanente exhorte al Estado
mexicano a crear la figura del Ombudsman Indígena, como instancia de carácter
nacional especializada en promover, respetar y garantizar los derechos humanos
de cerca de 18 millones de indígenas que formamos parte de la nación mexicana.
El reconocimiento y cumplimiento cabal de los derechos de
los pueblos indígenas consagrados en los diversos instrumentos jurídicos
internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones
Unidas por parte de los Estados Nacionales, es indispensable para alcanzar
gradualmente la paz y la resolución de conflictos, y en consecuencia el
desarrollo con identidad de nuestros pueblos.
Es cuanto Sr. presidente y desde aquí mandamos un saludo y
nuestra solidaridad al pueblo brasileño a la vez que condenamos el golpe de
Estado legislativo.
Naciones Unidas, Nueva York a 17 de mayo de 2016.
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